El contenido y el alcance de la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros escolares ha sido objeto de amplias polémicas en la sociedad española, desde la aprobación de la Constitución. Toda sociedad democrática considera que la escuela es un lugar privilegiado para el aprendizaje del ejercicio de la democracia.
Quizás la primera cuestión que convendría plantearse es la de quiénes tienen derecho a controlar y gestionar los centros educativos, sobre qué aspectos se puede decidir, y si la participación ha de tener el mismo alcance en los centros públicos que en los concertados y privados.
Se pregunta Feito, ¿qué puede justificar que profesores, padres y alumnos (estos dependiendo de su edad) puedan participar en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos?
En el caso de los profesores hay doble motivo, ya que por un lado son asalariados en sus centros de trabajo y por otro lado son conocedores especializados de la materia.
La implicación del alumnado se explica fácilmente teniendo en cuenta que la escuela debe ser una experiencia de aprendizaje democrático para las nuevas generaciones.
Más complicado es el caso de los padres, legos (en muchos de los casos) en materia educativa, lo que delimita su capacidad de implicación. No obstante la única manera de que el derecho a la educación y la obligatoriedad de llevar a los hijos a la escuela que organiza el Estado, con independencia de su titularidad, no se convierta en una imposición pasa por potenciar los mecanismos de intervención de los padres.
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