El contenido y el alcance de la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros escolares ha sido objeto de amplias polémicas en la sociedad española, desde la aprobación de la Constitución. Toda sociedad democrática considera que la escuela es un lugar privilegiado para el aprendizaje del ejercicio de la democracia.
Quizás la primera cuestión que convendría plantearse es la de quiénes tienen derecho a controlar y gestionar los centros educativos, sobre qué aspectos se puede decidir, y si la participación ha de tener el mismo alcance en los centros públicos que en los concertados y privados.
Se pregunta Feito, ¿qué puede justificar que profesores, padres y alumnos (estos dependiendo de su edad) puedan participar en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos?
En el caso de los profesores hay doble motivo, ya que por un lado son asalariados en sus centros de trabajo y por otro lado son conocedores especializados de la materia.
La implicación del alumnado se explica fácilmente teniendo en cuenta que la escuela debe ser una experiencia de aprendizaje democrático para las nuevas generaciones.
Más complicado es el caso de los padres, legos (en muchos de los casos) en materia educativa, lo que delimita su capacidad de implicación. No obstante la única manera de que el derecho a la educación y la obligatoriedad de llevar a los hijos a la escuela que organiza el Estado, con independencia de su titularidad, no se convierta en una imposición pasa por potenciar los mecanismos de intervención de los padres.
La Educación siempre ha estado, está, y seguirá estando en boca de todos generando continuamente debates.
Sin duda se trata de una herramienta formativa indispensable para los hijos pero también de una herramienta ideológica de primer nivel, de ahí que dichas discusiones adquieran tintes políticos.
Feito señala o recuerda en su obra dos antecedentes de debate educativo en el que existían posturas (que él llama plataformas) encontradas sobre todo en los puntos referidos a la participación escolar.
La libertad de la enseñanza: Esta ha sido la plataforma tradicional de los defensores de la enseñanza privada. Dicha libertad se sustenta en el derecho natural de los padres a elegir el tipo de educación (valores, concepciones filosóficas, cosmovisión, etc.) que desean para sus hijos, derecho natural que es anterior a la existencia del Estado y de la Iglesia y cuyo correlato lógico es la existencia de centros dotados de ideario que permitan materializar tal opción.
El hecho es, que la libertad de enseñanza así definida, otorga a los centros tantas competencias, que a los padres solo les queda matricular a sus hijos y recibir información.
Nueva escuela pública: Esta es la plataforma que da lugar a la propuesta de la izquierda. Se trata de un conjunto de textos con un denominador común, la necesidad de democratizar la gestión de los centros y para ello destacan la constitución de un órgano colegiado en que estén representados fundamentalmente profesores, padres y alumnos y, en algunos textos, el personal no docente.
Este órgano no colegiado recibe distintos nombres: Consejo de Escuela, Consejo de Dirección, Consejo Escolar, etc.
Y junto a este órgano máximo, se constituyen o pueden constituir otros de menor rango donde también están presentes profesores padres y alumnos. Estos órganos pueden ser junta económica, comisiones de curso, etc.
A continuación haré un brevísimo repaso de lo que suponían puntos esenciales dentro de la LOECE, LODE y LOCE, leyes precedentes a la que rige en la actualidad pero que sin duda resulta interesante tener en cuenta.
Para ello seguiré apoyándome en las obras y palabras de Feito, más allá de mi opinión al respecto (la cual quizá exponga en futuras entradas)
Feito en sus obras analiza la regulación legal de la participación y los debates a que dio lugar. Se centra inicialmente en la Constitución para después profundizar en los modelos de participación de la derecha (LOECE Ley Orgánica de Estatuto de Centros Escolares y LOCE Ley de Calidad de la Educación) y en la izquierda (básicamente LODE Ley Orgánica del Derecho a la Educación).
La LOECE fue publicada en el BOE del 27 de Junio de 1980. (El PSOE presentó un recurso de institucionalidad cuya sentencia resulto de gran importancia por las materias educativas que el tribunal aclaró).
Se trataba de una ley en la que la participación de la comunidad educativa era muy restringida, con mecanismos de participación completamente diferentes en los centros públicos y privados.
Además dicha ley no contempla la participación de la comunidad escolar en niveles superiores al del centro educativo, niveles en los que se adoptan decisiones fundamentales para cada establecimiento escolar concreto.
La ley establece serias limitaciones a la participación de los distintos estamentos que componen la comunidad educativa, así a los padres de los centros públicos se les exigía pertenecer a una única asociación si querían participar (Dichos preceptos se declararon inconstitucionales).
En cuanto a la participación en los centros privados, todo se resume en el respeto máximo al ideario, que aparece como la clave de la libertad de enseñanza, presentándolo como la voluntad de los padres, limitando por otro lado la libertad de cátedra.
Sobre la participación en los centros públicos basta con señalar la desconfianza del legislador hacia la enseñanza estatal, ya que en el artículo 23, referido a centros públicos afirma: “Todas las actividades del Centro están sometidas a los principios consagrados y a la constitución, y se respetarán las opciones filosóficas y religiosas inherentes al ejercicio por los padres de los alumnos del Centro del derecho reconocido en el artículo 27,3 de la Constitución. La administración docente velará, en todo caso, por su cumplimiento”. Esta referencia no aparece en el epígrafe dedicado a los centros privados, como si en ellos los padres ya contaran con las suficientes garantías para conseguir ese respeto y necesitaran la especial tutela de los poderes públicos para conseguirlo en los centros estatales.
La elección de director también generó controversia, ya que la izquierda luchaba por que los profesores y los padres fueran los encargados de tal elección, hecho que no contemplaba esta Ley.
La LODE, fue aprobada el 15 de marzo de 1984, año y medio después de la llegada al poder del PSOE, no entrando en vigor hasta el 15 de Junio de 1985 tras recursos del Partido Popular y las consecuentes sentencias.
La mayor parte de la discusión se debió al poder o competencias que se atribuían al consejo escolar, en definitiva contrarias a la libertad de enseñanza.
Dicha ley se basaba en dos principios:
Principio de Programación de la enseñanza, por el que se asegura el derecho a un puesto escolar para todos y se fomenta la posibilidad de elección.
Principio de participación, sobre todo de los padres y profesores, en las actividades de los centros y en la gestión del propio sistema educativo.
Tanto centros públicos como concertados contarían con una estructura de poder similar
La oposición, de derechas, expresó su temor a la posible manipulación ideológica de los niños con la aprobación de esta ley.
La capacidad de participación en la toma de decisiones por parte del consejo escolar (director, profesores, etc.) fue identificada como el fantasma de la autogestión en el mejor de los casos y del asamblearismo en el peor.
La derecha protestó por que se respetasen los idearios en los centros concertados y privados, identificando la pura democratización de la gestión de los centros con el expansionismo del Estado.
No soportaban el hecho de que el consejo escolar, entre sus funciones, tuviera la elección y cese del director y la contratación y despido de los profesores.
La LOCE, aprobada a finales de 2002, supuso una nueva vuelta de tuerca en lo que se supone debe ser la democracia en la escuela.
Sus cambios consisten en la reducción de competencias de los consejos escolares y claustros de los centros públicos, (en los concertados por su capacidad para neutralizar los mecanismos de participación apenas hay cambios).
En cuanto a los consejos escolares se mantiene su competencia de aprobación del proyecto educativo y del reglamento de régimen interior, sin embargo no aprueba la programación general anual del centro. Es decir, sus competencias se reducen a elaborar informes, analizar, valorar, promover y participar, en vez de decidir.
La elección y baja del director ya no es función del consejo escolar, pasando a ser elegido por una comisión constituida por representantes de administraciones educativas, y al menos, en un 30% representantes del propio centro (a su vez el 50% profesores del claustro).
Feito se centra sobre todo en el análisis de la escuela pública, ya que la concertada y privada, salvo en contadas excepciones, se ha encargado de minimizar el papel del consejo y la participación se delimita a la elección del centro.
En la pública, en ocasiones como con la LOCE los propios profesores dicen que los padres de los alumnos invaden su terreno profesional discutiendo sobre programaciones, temáticas, etc., pero esto no son más que afirmaciones gratuitas, desmentidas con varias investigaciones.
Añade Feito que no vivimos en una sociedad en la que la participación democrática sea lo habitual, cosa que quizás explique la atonía generalizada de los consejos escolares.
Dichos consejos no pueden funcionar sin ciudadanía participativa, es decir, es imposible hacer democracia sin demócratas. Y al mismo tiempo no puede haber consejos escolares participativos si la vida del centro, sus aulas y sus currículos no son también democráticos.
Finaliza Feito dando una serie de posibles razones a la inoperancia de los mecanismos de participación, entre ellas:
Que se conciban a los profesores como un grupo sin fisuras.
Los padres no tienen clara su función participativa en el control y gestión de la enseñanza.
Muchos padres piensan que se “meten” en el terreno profesional de los profesores.
La clase obrera, por “proximidad cultural” se implica aún menos que las clases medias y altas.
¿Qué medidas tomarías en busca de un mejor funcionamiento de los Centros Escolares? ¿Quiénes creéis que deben tomar las decisiones relativas al mismo? Y la democracia escolar, ¿pensáis que existe? ¿la veis necesaria?
Creo que tanto profesores, como padres y alumnos, deben implicarse y participar en los consejos y organización del centro. Cuanto mayor sea dicha implicación, más garantías existen de qué el centro funcione correctamente conforme a los objetivos que se planteen.
Además de ellos todos los integrantes de la vida escolar (bedeles, conserjes, cocineros/as, etc.) también pueden aportar ideas en busca de la mejora del centro, sin olvidarnos de los agentes externos como son los pertenecientes a las administraciones públicas, ayuntamientos, etc.
Esto no quita de que haya delimitaciones, ya que evidentemente estamos contextualizados en una sociedad, con unas normas y unas leyes y claro está también unos objetivos, pero si entre estos objetivos está crecer en democracia, que mejor forma que hacerlo desde la escuela.
En cuanto a la participación del alumnado, si se potenciase este aspecto, creo que serviría para desarrollar otros muchos, es decir, si los estudiantes se sienten importantes probablemente despertaremos en ellos un mayor interés por el centro, por la educación, cosa que beneficiará a toda la comunidad educativa.
Esta es una idea que frecuentemente se nos transmite desde nuestra Escuela Universitaria de Magisterio (ahora Facultad de formación del profesorado y Educación), lasuma importancia de tener en cuenta al alumnado, pero que curiosamente se tiene poco en cuenta en la misma. Así funciona el “haz que lo que yo digo… pero no hagas lo que yo hago”.
Evidentemente los profesores deben participar en las decisiones que se tomen en los centros, ya que son parte esencial en el proceso educativo, y por consecuencia parte fundamental del centro. Difícilmente nadie podrá realizar una evaluación (interna) tan ajustada y real como la que ellos efectúen. Ellos y ellas son conocedores de las potencialidades y deficiencias de cada centro, de las cosas que van bien y de las que no funcionan, de las que se pueden mejorar, etc.
Sobre el papel de los padres, desde mi punto de vista, creo que también son muy importantes, ya que sin duda sobre ellos recae gran parte de responsabilidad referida a la educación de sus hijos, con lo que no está de más que sean conocedores y participes de ella en los centros. Conseguir la implicación familiar en la vida de los centros sería un éxito. Además, se supone que los padres han sido también estudiantes, con lo cual, alguna “idea” sobre materia educativa tendrán. En el caso de que no hayan sido estudiantes, razón de más para hacer uso del tópico “que no le falte a mis hijos lo que me falto a mi”.
